Durante años, la desalinización ocupó en Colombia el lugar de las alternativas que se mencionan pero no se evalúan: costosa, energéticamente intensiva y apropiada para países que no tienen otra opción. Esa percepción tuvo sentido en algún momento. Hoy es simplemente incorrecta.

En las últimas tres décadas, la desalinización por ósmosis inversa atravesó una transformación técnica y económica sin precedentes. El consumo energético bajó de más de 10 kWh por metro cúbico a entre 3 y 4 kWh en plantas modernas. Los costos de producción, que superaban los 3 dólares por metro cúbico en los años noventa, se ubican hoy entre 0,50 y 1,50 dólares en proyectos bien estructurados. La capacidad instalada global supera los 100 millones de metros cúbicos diarios, distribuidos en más de 20.000 plantas que operan como infraestructura ordinaria en ciudades, zonas industriales y territorios insulares de todos los continentes.

No se trata de una tecnología experimental ni de nicho. Es infraestructura de seguridad hídrica probada, con mercados maduros, cadenas de suministro consolidadas y un historial de operación que permite evaluarla con datos reales, no con supuestos. El argumento técnico en contra ya no existe. Lo que persiste es otro tipo de resistencia: la de incorporar una conversación incómoda a la política hídrica colombiana.

Lo que el mundo aprendió por las malas

La madurez tecnológica no garantiza buenos proyectos. La expansión global de la desalinización dejó también un registro de errores que Colombia haría bien en leer antes de actuar, no después.

El primero es el sobredimensionamiento. Varias plantas fueron diseñadas para demandas proyectadas que no se materializaron, o sin integración real con los sistemas de distribución existentes. El resultado fue infraestructura cara operando por debajo de su capacidad, con tarifas que absorbieron los costos fijos de una planta subutilizada. El error no fue construir; fue construir sin anclar la decisión a una estrategia de demanda verificada.

El segundo error fue subestimar la energía. El costo eléctrico representa entre el 30 y el 50 por ciento del costo operativo total en la mayoría de los sistemas de ósmosis inversa. Donde no se aseguraron contratos de largo plazo o fuentes renovables integradas desde el diseño, la viabilidad financiera se volvió dependiente de variables que el operador no controla.

El tercero fue tratar la salmuera como un detalle técnico menor. Su gestión requiere modelación oceanográfica, diseño de difusores y monitoreo continuo. Donde estos elementos se improvisaron o se dejaron para después, surgieron conflictos ambientales que terminaron erosionando la legitimidad de proyectos que técnicamente funcionaban.

El cuarto error, quizás el más relevante para Colombia, fue construir plantas como soluciones aisladas. La desalinización no reemplaza la reducción de pérdidas, ni la gestión de demanda, ni el reúso. Cuando se trató como sustituto en lugar de complemento, generó tensiones innecesarias dentro de sistemas que ya tenían problemas estructurales sin resolver.

Ninguno de estos errores es inevitable. Todos son prevenibles con diseño institucional adecuado y decisiones tomadas antes de la crisis, no durante ella.

El territorio que justifica la conversación

Colombia no tiene escasez estructural de agua a escala nacional. Tiene algo más difícil de resolver: una distribución profundamente desigual, territorios donde la variabilidad climática no es un escenario futuro sino una condición permanente, y sistemas de abastecimiento diseñados para un clima que ya no existe.

En ese mapa, el Caribe colombiano ocupa un lugar que no admite evasivas.

La Guajira es el caso más documentado y el menos atendido. La península tiene índices de aridez entre los más altos del país, fuentes superficiales escasas y estacionales, y una dependencia histórica de jagüeyes y soluciones de emergencia que no han resuelto el problema de fondo. En un territorio con mar en tres costados y radiación solar entre las más altas de América del Sur, la solución sigue siendo buscar el agua tierra adentro.

Santa Marta ilustra una vulnerabilidad distinta: la de un sistema urbano que funciona, pero de manera frágil. La ciudad depende de fuentes superficiales con caudal limitado, alta presión demográfica y sensibilidad directa a los ciclos de sequía. Cada fenómeno del Niño convierte lo que debería ser un problema de gestión ordinaria en una emergencia de abastecimiento.

El Golfo de Morrosquillo representa una tercera lógica: la de la demanda industrial y energética creciente en una zona costera con sistemas de abastecimiento que no fueron diseñados para soportarla. La expansión portuaria, los proyectos de infraestructura energética y el crecimiento urbano de la subregión están generando presiones sobre fuentes que ya operan al límite.

El patrón es el mismo en los tres casos: territorios costeros con acceso directo al mar, potencial solar significativo y demanda creciente, cuya respuesta hídrica estructural siempre mira hacia adentro del continente. Trasvases y derivaciones de largo alcance no son soluciones incorrectas por definición, pero tienen en común que trasladan la dependencia en lugar de reducirla.

Esa recurrencia no es una coincidencia geográfica. Es el síntoma de una política hídrica que no ha incorporado el mar como parte del portafolio de soluciones posibles.

Los obstáculos que quedan no son técnicos

Si la tecnología es madura y el territorio justifica la conversación, los obstáculos que quedan son de otro orden: energético, tarifario y contractual.

El primero es energético. En el Caribe colombiano, esa conversación no puede separarse del contexto energético regional: tarifas entre las más altas del país, una red de distribución con problemas estructurales de calidad y continuidad, y un potencial solar que sigue siendo más promesa que realidad en términos de integración efectiva a proyectos de infraestructura hídrica. La integración con fuentes renovables no es un complemento deseable: es una condición de viabilidad.

El segundo es tarifario e institucional. El agua producida por desalinización tiene un costo real que los esquemas tarifarios colombianos no siempre están diseñados para reflejar. Esto no significa que la desalinización sea incompatible con el marco regulatorio colombiano, sino que ese marco requiere una discusión explícita sobre cómo incorporar fuentes no convencionales con estructuras de costo distintas a las tradicionales.

El tercero es contractual. La asignación de riesgos entre el Estado, el operador y los usuarios debe definirse con precisión antes de estructurar el proyecto, no durante su ejecución. Los riesgos energéticos, de demanda y de variación de costos operativos no desaparecen: se distribuyen. Cómo se distribuyan determinará si el proyecto es sostenible o si termina generando pasivos que el Estado absorbe en silencio.

Ninguno de estos obstáculos es irresoluble. Pero todos requieren decisiones que hoy no están tomadas, y que difícilmente se tomarán si la desalinización sigue apareciendo en la agenda pública solo cuando una ciudad entra en emergencia.

Una conversación que no puede seguir esperando la crisis

Colombia tiene costas, tiene sol y tiene territorios con décadas de vulnerabilidad hídrica documentada. Lo que no ha tenido es una política que incorpore el mar como parte de la respuesta.

La desalinización no es la solución universal ni el reemplazo de nada. Es una fuente que diversifica el portafolio hídrico y ofrece una confiabilidad que los sistemas convencionales no pueden garantizar frente a la variabilidad climática que ya está ocurriendo. Su valor no está en reemplazar el río Magdalena, el Sinú o el Ranchería. Está en que no depende de ellos.

Incorporarla al debate exige evaluar con rigor, en el territorio correcto y con los instrumentos adecuados. El país ya sabe lo que cuesta posponer esas decisiones. En La Guajira, en Santa Marta y en el Golfo de Morrosquillo, esa demora no es una abstracción de política pública. Es agua que no llega.